Torturas y asesinatos, política de estado

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el Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social, realizado en Chilpancingo, Guerrero, la semana pasada, mostró las evidencias de la política de Estado que se practica en el calderonismo y en algunos gobiernos estatales, independientemente del signo político, consistente en eliminar al mensajero para ignorar el mensaje, variante actual de aquella delineada por el salinismo: ni los veo ni los oigo.

¿Qué otra cosa son los defensores de derechos humanos si no mensajeros que presentan al Estado los graves déficits en su obligación de garantizar a todas y a todos el ejercicio de derechos humanos? Le acercan el espejo sobre una realidad que no se quiere asumir. De ahí que prefiera centrar su persecución en aquellos que dedican su vida a defender estos derechos.

En el foro mencionado, integrantes de 50 organizaciones no gubernamentales, indígenas, campesinas, magisteriales y sociales, destacando el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red-TDT), coincidieron hoy en que existe una tendencia a desprestigiar la labor que realizan y, peor aún, a criminalizarla.

Han transcurrido más de dos meses del secuestro y asesinato de los defensores indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y no hay resultados de las investigaciones para detener y procesar a los responsables de estos crímenes. Por ello, los activistas reunidos en Guerrero acordaron exigir al gobierno federal que atraiga las investigaciones por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se garantice que la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de los defensores de derechos humanos no quede impune y que para ello se realicen investigaciones imparciales, objetivas y expeditas. Este caso, se ha insistido, expresa un patrón de criminalización.

Las denuncias son cotidianas y más nos valdría prestar más atención a Chiapas. El Centro Fray Bartolomé de las Casas emitió una acción urgente, porque el pasado 17 de abril se realizó un operativo policiaco con efectivos de la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Preventiva. Su objetivo era desalojar el bloqueo carretero que miembros adherentes a la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón realizaban en el crucero del centro turístico Agua Azul, para demandar la liberación de sus seis compañeros, detenidos arbitrariamente y torturados cuatro días antes.
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La Jornada, 28 de abril del 2009