Se debe certificar la devolución de las 41 hectáreas de él y sus hermanos, indican
Exigen comuneros que Ortega renuncie ante notario público como propietario de tierras
La posesión del ejido, con antecedentes sangrientos, recordaron en San Francisco Ixcatlán
JORGE COVARRUBIAS
Comuneros de San Francisco Ixcatlán
A pesar de que el líder nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, dijo haber renunciado a sus derechos como propietario de tierras en la comunidad indígena de San Francisco Ixcatlán, legalmente continúa siendo posesionario, afirmaron comuneros de este poblado, que se encuentra en el municipio de Zapopan.
José Casillas Martínez, posesionario en la localidad, dijo que el dirigente del sol azteca dejará de ser propietario cuando presente su renuncia ante notario público, y se certifique la devolución de 41 hectáreas que pertenecen a él y sus hermanos Gerardo, María del Rosario e Ignacio.
El pasado 28 de marzo, la comunidad indígena se reunió en asamblea para acordar la integración de un Comité de Vigilancia que dará seguimiento al conflicto agrario con los Ortega Martínez y los Poblano Ramos, mencionadas ambas familias en este diario (La Jornada Jalisco 5 febrero 2009) como poseedores de tierras, sin cumplir con el principal requisito de ser avecindados.
En una de las juntas de comuneros del 28 de febrero, comenta José Casillas, se presentaron unas personas que se ostentaron como representantes legales de los hermanos Ortega con unas cartas de renuncia, y en el momento advirtieron que no cumplían con las formas legales.
En una carta que dirige a la revista Proceso en su número 1690, el presidente nacional del PRD explica que se convirtió en comunero al aceptar la invitación de la señora Luz María Rico Poblano, quien de manera voluntaria le cedió parte de sus derechos en la comunidad, y abunda que en el 2000 fue invitado por Fabiola Poblano Ramos, actual comunera del ejido de Ixcatlán y militante del PRD para participar en un proyecto que permitiría “potenciar” el desarrollo de la zona, que comenzó con la regularización de tierras a través de la extinta Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales).
Como segundo punto la asamblea de comuneros determinó que es urgente materializar el Centro de Población en Ixcatlán para darle tierra a los matrimonios jóvenes que son alrededor de 90 y que actualmente se encuentran viviendo con sus familias.
José Casillas dijo que este proyecto no ha podido concretarse porque la familia Poblano tiene una extensa posesión de tierras, a la vez que hizo énfasis en la agudización del problema agrario que ha derivado incluso en intentos de asesinato. Precisó que el domingo en un recorrido por la zona que hizo la Comisión de Vigilancia, Arturo Juárez Venegas (miembro de ésta) iba a ser agredido con un arma blanca por la espalda, pero en el acto se dio cuenta y se protegió con unas piedras.
Recordó que los conflictos por la posesión de tierras tienen antecedentes sangrientos, pues ya en 1936 se balacearon en la plaza al salir de una asamblea, Bernardo Sandoval y Guillermo Solís, muriendo ambos al instante. Al abuelo de Arturo Juárez, Higinio Juárez, también le propinaron una golpiza y lo dieron por muerto.
Sobre el caso del candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, el priísta Jorge Aristóteles Sandoval (quien también aparece ante el Registro Agrario Nacional como comunero), José Casillas refirió que éste transfirió sus derechos a otra persona y que al menos con ellos no se ha deslindado del asunto.
tomado de La Jornada Jalisco
31 de marzo del 2009
martes, 31 de marzo de 2009
Yunquistas, fiestas priistas y el IFE
Más de La Sagrada Familia: Jaime Oliva, hermano del gobernador panista del estado, resultó ganador de la contienda interna panista por la candidatura a una diputación federal de León. El hermano Jaime, con una escolaridad de preparatoria más un año en el seminario conciliar de la ciudad zapatera, había sido nombrado en 2007 coordinador de asesores de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Juan Manuel Oliva, con un sueldo de 66 mil 900 pesos, a lo que hubo de renunciar en medio de gran escándalo. Ahora se enfila a San Lázaro con las siguientes convicciones: "soy muy creyente; yo creo que todo se mueve desde allá arriba" (es decir, desde el cielo y las divinidades espirituales, no desde el despacho de su hermano gobernador)... Por cierto, en Guanajuato El Yunque arrasó con las candidaturas panistas a diputados locales y federales, luego de haber perdido la postulación a la presidencia municipal de León. La aplastante victoria yunquista en cuanto a aspirantes a legisladores alcanzó al cuñado de Vicente Fox, que fue derrotado, y a uno que otro calderonista despistado que también perdió... Y, en Tabasco, la Familia Priísta en pleno derroche de recursos durante la boda de Paulina Granier Calles, hija del gobernador del estado, y Sergio Cruces Fernández, hijo de uno de los hombres más ricos de la entidad (muy beneficiado durante la administración de Roberto Madrazo). La sesión de fotografías se hizo en la Quinta Grijalva, que es la residencia oficial del gobernador del estado; hubo mil 700 invitados, la recepción en el salón de fiestas estuvo a cargo de una wedding planner de Cancún que ubicaba a los invitados en sus asientos mientras “un fuerte dispositivo de seguridad estaba en la puerta recepcionando los ticket”, según una crónica periodística, y en el baño de damas había un "mini spa" donde masajistas "relajaban los pies de las invitadas"... Francisco Rafael Ramírez Ramírez declinó la invitación que un enviado del IFE le hizo llegar para que aceptara ser funcionario de casilla en las próximas elecciones en el Distrito Federal. "Considero", explica a esta columna, "que no tiene validez una institución que no fue integrada bajo las normas éticas que deberían imperar, cuyos funcionarios fueron seleccionados por ser proclives al partido en el poder y seguramente serán instrumento para el siguiente fraude electoral, y que actúa tan complacientemente con las televisoras"...
Julio Hernández
La Jornada, 31 de marzo del 2009
Julio Hernández
La Jornada, 31 de marzo del 2009
lunes, 30 de marzo de 2009
¿Analista político?
Elliot Ness en el Estadio Azteca
La historia en breve
Ciro Gómez Leyva
2009-03-30
Al Frente
Felipe Calderón se puso la verde, se hizo acompañar de Margarita Zavala, su gran activo en las embarazosas cosas de imagen, se metió al palco y no se movió un milímetro más de la cuenta. Buen aficionado al futbol, respetó al Estadio Azteca: nada de exhibicionismos. Si lo que intentó el sábado fue producir una metáfora, lo consiguió: al igual que la desmedrada selección, él todavía puede, sabe ganar en Santa Úrsula.
Las encuestas explicarían mejor el pausado 2-0 de Calderón sobre la dificultosa grada del Azteca. Como sea, la aprobación a su gobierno se mantiene por arriba de un discreto, pero funcional 55 por ciento. No se le asocia con raterías y en popularidad personal sólo va atrás del mexiquense Enrique Peña Nieto.
Aunque la clave más firme del respeto que aún impone el Presidente de la República parece estar ligada con la guerra contra las bandas de narcotraficantes. Diez mil ejecutados después, Calderón sigue contando con un asombroso respaldo en ese renglón. El ciudadano promedio ya dejó de creer que su situación económica mejorará de aquí a 2012, pero valora los “güevos de Felipe”, como la porra los de Pável o Guardado.
“Güevos” que ayer exaltó Barack Obama. Calderón debió haber gozado más que los goles del sábado la frase dominical que le regaló el presidente de Estados Unidos: “Ha tratado a los narcotraficantes como Elliot Ness a Al Capone durante la prohibición, lo que a menudo causa más violencia”. ¡Elliot Ness! ¡Los Intocables! Mejor, imposible.
“Güevos” de los que se ha colgado el líder del PAN, Germán Martínez, para erizar a los priistas. “Güevos” que sirven para derrotar a Costa Rica en un partido crítico.
A Costa Rica en el Azteca. Y no mucho más.
La historia en breve
Ciro Gómez Leyva
2009-03-30
Al Frente
Felipe Calderón se puso la verde, se hizo acompañar de Margarita Zavala, su gran activo en las embarazosas cosas de imagen, se metió al palco y no se movió un milímetro más de la cuenta. Buen aficionado al futbol, respetó al Estadio Azteca: nada de exhibicionismos. Si lo que intentó el sábado fue producir una metáfora, lo consiguió: al igual que la desmedrada selección, él todavía puede, sabe ganar en Santa Úrsula.
Las encuestas explicarían mejor el pausado 2-0 de Calderón sobre la dificultosa grada del Azteca. Como sea, la aprobación a su gobierno se mantiene por arriba de un discreto, pero funcional 55 por ciento. No se le asocia con raterías y en popularidad personal sólo va atrás del mexiquense Enrique Peña Nieto.
Aunque la clave más firme del respeto que aún impone el Presidente de la República parece estar ligada con la guerra contra las bandas de narcotraficantes. Diez mil ejecutados después, Calderón sigue contando con un asombroso respaldo en ese renglón. El ciudadano promedio ya dejó de creer que su situación económica mejorará de aquí a 2012, pero valora los “güevos de Felipe”, como la porra los de Pável o Guardado.
“Güevos” que ayer exaltó Barack Obama. Calderón debió haber gozado más que los goles del sábado la frase dominical que le regaló el presidente de Estados Unidos: “Ha tratado a los narcotraficantes como Elliot Ness a Al Capone durante la prohibición, lo que a menudo causa más violencia”. ¡Elliot Ness! ¡Los Intocables! Mejor, imposible.
“Güevos” de los que se ha colgado el líder del PAN, Germán Martínez, para erizar a los priistas. “Güevos” que sirven para derrotar a Costa Rica en un partido crítico.
A Costa Rica en el Azteca. Y no mucho más.
viernes, 27 de marzo de 2009
Según la justicia mexicana Echeverría es inocente
"Inocente" del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre
Exculpa tribunal a Luis Echeverría
Gustavo Castillo
El quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito determinó este jueves que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez es inocente del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968, y quedó absuelto de todos los cargos que le imputó la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.
El Consejo de la Judictaura Federal informó por medio de un comunicado de prensa que "los magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, al resolver el recurso de revisión 132/2007 interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación y el quejoso Luis Echeverría Álvarez contra la sentencia dictada por el tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, confirmó la resolución impugnada en la que se consideró que la acción penal no había prescrito, que se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, no así la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez en su comisión".
Esto significa que, si bien sí se cometió el delito de genocidio el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y no había prescrito en 2007, el ex mandatario no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido.
Al respecto, el abogado Juan Velázquez afirmó: “ya no queda nada. Las dos acusaciones que había contra mi cliente resultaron sin cargos para él. Los casos fueron la matanza del 10 de junio de 1971, conocida como el halconazo, y el 2 de octubre en Tlatelolco 1968.
"Estamos agradecidos, Luis Echeverría y yo, con el fiscal del pasado porque nos permitió que mi cliente fuera sometido a un juicio y que en un proceso legal se le declarara inocente. Desde hoy, uno será el dicho de la gente y otro, absolutamente distinto, el fallo de un tribunal".
Minutos después de que el litigante conociera la decisión del tribunal colegiado, acudió a la casa de Luis Echeverría y dijo que intentaría que el ex presidente subiera a su coche para darle una vuelta a la manzana como un símbolo de que había recobrado su libertad.
“Tendré la mayor satisfacción de un penalista, acompañar a mi cliente del aprisionamiento a la libertad, ya que voy a llevarlo a dar una vuelta en el coche y luego lo regresaré a su casa, no habrá nada de show”, agregó Juan Velázquez.
El 2 de julio de 2002, Echeverría fue llamado a comparecer ante el MP Federal. La primera orden de captura en su contra fue en junio de ese año, pero obtuvo un amparo. Luego, el 30 de noviembre de 2006, un magistrado federal libró una orden de aprehensión domiciliaria y ordenó que fuera juzgado por ser probable responsable del delito de genocidio.
Ayer, el ex mandatario recuperó su libertad plenamente.
La Jornada, 27 de marzo del 2009
Exculpa tribunal a Luis Echeverría
Gustavo Castillo
El quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito determinó este jueves que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez es inocente del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968, y quedó absuelto de todos los cargos que le imputó la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.
El Consejo de la Judictaura Federal informó por medio de un comunicado de prensa que "los magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, al resolver el recurso de revisión 132/2007 interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación y el quejoso Luis Echeverría Álvarez contra la sentencia dictada por el tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, confirmó la resolución impugnada en la que se consideró que la acción penal no había prescrito, que se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, no así la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez en su comisión".
Esto significa que, si bien sí se cometió el delito de genocidio el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y no había prescrito en 2007, el ex mandatario no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido.
Al respecto, el abogado Juan Velázquez afirmó: “ya no queda nada. Las dos acusaciones que había contra mi cliente resultaron sin cargos para él. Los casos fueron la matanza del 10 de junio de 1971, conocida como el halconazo, y el 2 de octubre en Tlatelolco 1968.
"Estamos agradecidos, Luis Echeverría y yo, con el fiscal del pasado porque nos permitió que mi cliente fuera sometido a un juicio y que en un proceso legal se le declarara inocente. Desde hoy, uno será el dicho de la gente y otro, absolutamente distinto, el fallo de un tribunal".
Minutos después de que el litigante conociera la decisión del tribunal colegiado, acudió a la casa de Luis Echeverría y dijo que intentaría que el ex presidente subiera a su coche para darle una vuelta a la manzana como un símbolo de que había recobrado su libertad.
“Tendré la mayor satisfacción de un penalista, acompañar a mi cliente del aprisionamiento a la libertad, ya que voy a llevarlo a dar una vuelta en el coche y luego lo regresaré a su casa, no habrá nada de show”, agregó Juan Velázquez.
El 2 de julio de 2002, Echeverría fue llamado a comparecer ante el MP Federal. La primera orden de captura en su contra fue en junio de ese año, pero obtuvo un amparo. Luego, el 30 de noviembre de 2006, un magistrado federal libró una orden de aprehensión domiciliaria y ordenó que fuera juzgado por ser probable responsable del delito de genocidio.
Ayer, el ex mandatario recuperó su libertad plenamente.
La Jornada, 27 de marzo del 2009
Robos y ventas ilegales
En Roma ahora se realiza el juicio contra Marion True, ex responsable de antigüedades del museo Paul Getty de Los Ángeles. Acusada en 2005 de comprar piezas obtenidas de excavaciones ilegales, se dice inocente y protectora de los tesoros de Italia, cuyo gobierno obtuvo ya la devolución de decenas de vestigios arqueológicos. Mientras, en Francia salen a la venta lotes de piezas prehispánicas sacadas mágicamente de México. Nuestras autoridades… bien, gracias.
De la columna Penultimátum, La Jornada, 27 de marzo del 2009
De la columna Penultimátum, La Jornada, 27 de marzo del 2009
Lo que dijo Manú Chao
Jorge Caballero
Enviado
Guadalajara, Jal., 26 de marzo. El cantante franco-español Manu Chao suspendió este jueves el concierto programado en Rambla Cataluña, que se realizaría después de la proyección de La Colifata, cinta programada dentro de la sección Cinelandia, en el 24 Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
El director del certamen, Jorge Sánchez, subió al templete y dijo: "Manu me pidió que les dijera que por razones personales no podrá tocar hoy; mañana enviará un comunicado".
Después, el director se dirigió al edificio de la Coordinación General de Servicios a Universitarios, ubicada al lado de la plaza; más tarde, los músicos de Manu Chao, quienes permanecían dentro, abandonaron el inmueble sin hacer comentarios. Enseguida, el director francés Christian Poveda dijo en entrevista con La Jornada: "Jorge Sánchez nos pidió que todos los extranjeros que estuviéramos en el edificio nos fuéramos, porque iba a llegar migración, que sería mejor permanecer en el hotel. Él se quedó con los abogados".
El cinerrealizador, quien presenta en competencia el poderoso documental La vida loca, sobre la Mara Salvatrucha, agregó: "Las autoridades mexicanas están preguntando a Jorge Sánchez si se nos otorgó la visa de turistas o si venimos a trabajar, porque Manu Chao está dando conciertos".
Detonante
Lo anterior se dio luego de que ayer, en diferentes medios, se informó que "el gobierno de México analiza la posibilidad de expulsar del territorio mexicano al cantautor franco-español Manu Chao por haber hecho declaraciones que podrían ser consideradas como una intromisión en la política mexicana, informó la Secretaría de Gobernación".
En nota de agencia se informó: “Efectivamente, (autoridades mexicanas) están investigando qué dijo, en qué contexto, qué fue lo que pasó.
“De acuerdo con la prensa mexicana, el autor de Por el suelo se refirió el martes pasado en la ciudad de Guadalajara como ‘terrorismo de Estado’ al conflicto de Atenco, donde hace casi tres años se produjeron graves enfrentamientos entre policías y manifestantes.
“El 4 de mayo de 2006, unos 2 mil policías ocuparon San Salvador Atenco, situado en el área metropolitana de la ciudad de México, en hechos que dejaron dos muertos.
“Organizaciones de derechos humanos denunciaron que varias mujeres detenidas fueron agredidas sexualmente por policías.
“El artista se encuentra en México para participar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El martes ofreció allí una conferencia de prensa y leyó una carta que envió a Ignacio Valle, líder del movimiento de Atenco y preso en una cárcel mexicana, en la que solidariza con él.
“El artículo 33 de la Constitución mexicana prevé que ‘los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país’, y que el gobierno tiene la ‘facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional’ inmediatamente, sin juicio previo (a quienes a su parecer hayan incurrido en tal conducta).
“Las autoridades mexicanas ‘aún no determinan si se aplicará alguna sanción’, añadió la funcionaria, quien adelantó que en caso, de que se decida aplicar el articulo 33, Manu Chao será notificado inmediatamente.
"El cantante tiene previsto salir del país el 29 de marzo, cuando terminen sus actividades en México."
Hasta ahí lo citado por cable. Jorge Sánchez se retiró del sitio sin hacer declaraciones.
Enviado
Guadalajara, Jal., 26 de marzo. El cantante franco-español Manu Chao suspendió este jueves el concierto programado en Rambla Cataluña, que se realizaría después de la proyección de La Colifata, cinta programada dentro de la sección Cinelandia, en el 24 Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
El director del certamen, Jorge Sánchez, subió al templete y dijo: "Manu me pidió que les dijera que por razones personales no podrá tocar hoy; mañana enviará un comunicado".
Después, el director se dirigió al edificio de la Coordinación General de Servicios a Universitarios, ubicada al lado de la plaza; más tarde, los músicos de Manu Chao, quienes permanecían dentro, abandonaron el inmueble sin hacer comentarios. Enseguida, el director francés Christian Poveda dijo en entrevista con La Jornada: "Jorge Sánchez nos pidió que todos los extranjeros que estuviéramos en el edificio nos fuéramos, porque iba a llegar migración, que sería mejor permanecer en el hotel. Él se quedó con los abogados".
El cinerrealizador, quien presenta en competencia el poderoso documental La vida loca, sobre la Mara Salvatrucha, agregó: "Las autoridades mexicanas están preguntando a Jorge Sánchez si se nos otorgó la visa de turistas o si venimos a trabajar, porque Manu Chao está dando conciertos".
Detonante
Lo anterior se dio luego de que ayer, en diferentes medios, se informó que "el gobierno de México analiza la posibilidad de expulsar del territorio mexicano al cantautor franco-español Manu Chao por haber hecho declaraciones que podrían ser consideradas como una intromisión en la política mexicana, informó la Secretaría de Gobernación".
En nota de agencia se informó: “Efectivamente, (autoridades mexicanas) están investigando qué dijo, en qué contexto, qué fue lo que pasó.
“De acuerdo con la prensa mexicana, el autor de Por el suelo se refirió el martes pasado en la ciudad de Guadalajara como ‘terrorismo de Estado’ al conflicto de Atenco, donde hace casi tres años se produjeron graves enfrentamientos entre policías y manifestantes.
“El 4 de mayo de 2006, unos 2 mil policías ocuparon San Salvador Atenco, situado en el área metropolitana de la ciudad de México, en hechos que dejaron dos muertos.
“Organizaciones de derechos humanos denunciaron que varias mujeres detenidas fueron agredidas sexualmente por policías.
“El artista se encuentra en México para participar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El martes ofreció allí una conferencia de prensa y leyó una carta que envió a Ignacio Valle, líder del movimiento de Atenco y preso en una cárcel mexicana, en la que solidariza con él.
“El artículo 33 de la Constitución mexicana prevé que ‘los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país’, y que el gobierno tiene la ‘facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional’ inmediatamente, sin juicio previo (a quienes a su parecer hayan incurrido en tal conducta).
“Las autoridades mexicanas ‘aún no determinan si se aplicará alguna sanción’, añadió la funcionaria, quien adelantó que en caso, de que se decida aplicar el articulo 33, Manu Chao será notificado inmediatamente.
"El cantante tiene previsto salir del país el 29 de marzo, cuando terminen sus actividades en México."
Hasta ahí lo citado por cable. Jorge Sánchez se retiró del sitio sin hacer declaraciones.
Las investigaciones del Secretario de Gobernación
Julio Hernández, La Jornada, 27 de marzo del 2009
Los gringos se meten hasta la cocina en México e intervienen en el diseño de la política interna mediante declaraciones como las que en un par de días repartió alegremente la secretaria Clinton y como las que un día hacen y otro deshacen algunos funcionarios de la administración Obama, pero el encargado de la secretaría de gobernación, Fernando Gómez Mont, monta en patriotera investigación contra Manu Chao, el cantante que, de visita en México, ha dicho que en San Salvador Atenco hubo "terrorismo de Estado".
Ya José María Aznar vino, durante el foxismo, a exhortar a los mexicanos a votar por Felipe Calderón, y el español –ahora naturalizado mexicano– Antonio Solá dividió a los mexicanos con su frase propagandística de que López Obrador era un peligro para México, pero nada de ello resultó punible –al ex presidente español le enviaron una carta de reconvención a la embajada de España en México, cuando él ya se había ido del país– sino premiable por la derecha mexicana tuerta que nomás ve una cara de las cosas.
Manu Chao ha dicho, por lo demás, lo mismo que cualquier ciudadano que con claridad y objetividad se asome a lo sucedido en aquella población del estado de México a finales del foxismo. Hubo terrorismo de Estado y ha habido complicidad de funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo para mantener en la impunidad a los altos responsables de aquella represión, como serían el propio Vicente Fox, su secretario de gobernación al que algunos pretenden encaminar a los altares, Carlos Abascal, el gobernador engominado de la entidad con capital en Toluca, Enrique Peña Nieto, y funcionarios policiales de la entidad como el almirante Wilfrido Robledo (¿también habrá solicitud de aplicación del artículo 33 constitucional a Peter Gabriel, que junto a otros artistas exigirá justicia en el caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez?)
La barbarie mexicana, que ha sido condenada en muchos otros países, también se muestra en los escarceos judiciales con los que la Suprema, Corta de Justicia, pretende acercarse al caso Oaxaca. Mediante un informe de magistrados, y un dictamen que a partir de él redactará el ministro Mariano Azuela, el Poder Judicial federal tratará de torear el fondo del asunto, es decir, si hubo violaciones graves a los derechos humanos y responsabilidad de altos funcionarios. Tal como ha quedado plenamente comprobado, en los años de la represión desatada por Ulises Ruiz hubo allanamientos de morada, privación ilegal de la libertad, torturas, golpizas, asesinatos y acciones concertadas de policías y militares que cual brigadas de la muerte actuaron contra dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APPO. Pero esa realidad palmaria, demostrada, evidente, no es sino pretexto para que los jurisperitos federales ensayen formas de evasión y entre palabrería legaloide escurran el bulto.
Los gringos se meten hasta la cocina en México e intervienen en el diseño de la política interna mediante declaraciones como las que en un par de días repartió alegremente la secretaria Clinton y como las que un día hacen y otro deshacen algunos funcionarios de la administración Obama, pero el encargado de la secretaría de gobernación, Fernando Gómez Mont, monta en patriotera investigación contra Manu Chao, el cantante que, de visita en México, ha dicho que en San Salvador Atenco hubo "terrorismo de Estado".
Ya José María Aznar vino, durante el foxismo, a exhortar a los mexicanos a votar por Felipe Calderón, y el español –ahora naturalizado mexicano– Antonio Solá dividió a los mexicanos con su frase propagandística de que López Obrador era un peligro para México, pero nada de ello resultó punible –al ex presidente español le enviaron una carta de reconvención a la embajada de España en México, cuando él ya se había ido del país– sino premiable por la derecha mexicana tuerta que nomás ve una cara de las cosas.
Manu Chao ha dicho, por lo demás, lo mismo que cualquier ciudadano que con claridad y objetividad se asome a lo sucedido en aquella población del estado de México a finales del foxismo. Hubo terrorismo de Estado y ha habido complicidad de funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo para mantener en la impunidad a los altos responsables de aquella represión, como serían el propio Vicente Fox, su secretario de gobernación al que algunos pretenden encaminar a los altares, Carlos Abascal, el gobernador engominado de la entidad con capital en Toluca, Enrique Peña Nieto, y funcionarios policiales de la entidad como el almirante Wilfrido Robledo (¿también habrá solicitud de aplicación del artículo 33 constitucional a Peter Gabriel, que junto a otros artistas exigirá justicia en el caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez?)
La barbarie mexicana, que ha sido condenada en muchos otros países, también se muestra en los escarceos judiciales con los que la Suprema, Corta de Justicia, pretende acercarse al caso Oaxaca. Mediante un informe de magistrados, y un dictamen que a partir de él redactará el ministro Mariano Azuela, el Poder Judicial federal tratará de torear el fondo del asunto, es decir, si hubo violaciones graves a los derechos humanos y responsabilidad de altos funcionarios. Tal como ha quedado plenamente comprobado, en los años de la represión desatada por Ulises Ruiz hubo allanamientos de morada, privación ilegal de la libertad, torturas, golpizas, asesinatos y acciones concertadas de policías y militares que cual brigadas de la muerte actuaron contra dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APPO. Pero esa realidad palmaria, demostrada, evidente, no es sino pretexto para que los jurisperitos federales ensayen formas de evasión y entre palabrería legaloide escurran el bulto.
miércoles, 25 de marzo de 2009
Empresa agrícola subsidiada por el gobierno explota a jornaleros
Acusan a Agropecuaria Las Mercedes de semiesclavitud, encierro y mala alimentación
Fueron enganchados por el Servicio Nacional de Empleo y funcionarios estatales, aseguran
Autoridades de derechos humanos de Guanajuato intentan disuadirlos de presentar querella
Foto
Tres de los jornaleros de Irapuato, Guanajuato, que denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato los abusos que presuntamente vivieron en Sonora. Pidieron omitir sus nombres
Carlos García
Corresponsal
Irapuato, Gto., 24 de marzo. Treinta y un jornaleros contratados por conducto del Servicio Nacional de Empleo del gobierno federal escaparon de un viñedo de Hermosillo, Sonora, y cinco denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que los obligaban a trabajar en condiciones de semiesclavitud, con jornadas de 12 horas diarias, encerrados en barracas donde les daban cartones en vez de cobijas y los alimentaban con caldo de frijol sucio.
En total, dijeron, unas mil 700 personas de al menos 10 entidades fueron seleccionadas por el Servicio Nacional de Empleo para trabajar en el viñedo, propiedad de la empresa Agropecuaria Las Mercedes.
Los jornaleros relataron que en ese campo había familias completas procedentes de Chiapas y trabajadores canalizados por los gobiernos de Puebla, Veracruz, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Sonora.
La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) del gobierno de Guanajuato envió a esos viñedos a unas 300 personas reclutadas en los municipios de Abasolo, Jaral del Progreso, Salamanca, Irapuato, Cuerámaro, Moroleón, Valle de Santiago y Pénjamo.
Durante el reclutamiento, la SDES explicó a los aspirantes que recibirían 8 mil pesos mensuales, tres comidas diarias, y que tendrían servicios de guardería y envíos de dinero.
El primero de marzo el grupo partió a Sonora. Cuando llegaron al viñedo, enclavado en el desierto, los instalaron en dormitorios con literas de tablones. Cuando pidieron cobijas los encargados rieron y les dieron cartones.
"Nos dijeron que no era un hotel de cinco estrellas, pero al llegar todo fue desilusión", comentó uno de los afectados.
"Nos encerraban. Tenían candados y cadenas para que no saliera la gente. Yo me escapé en la noche, y como no tenía dinero trabajé una semana en (el corte de) la calabaza para regresar", recordó José Antonio Salazar Ceja, de 23 años.
Antonio Cisneros dijo que caminó cinco horas al poblado de Pesqueira, donde habló por teléfono con personal del gobierno de Guanajuato, al que contó lo ocurrido, pero no le hicieron caso. "Me sentí un esclavo. Estaba triste por haber caído. Pensaba que era algo mejor y fue pura mentira", narró.
El 13 de marzo la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato recibió la queja 70/09-B que interpusieron Raymundo Aguilera Ramírez, Agustín Álvarez Sámano, Antonio Cisneros Álvarez, José Humberto Aldaco Moreno y José Antonio Salazar Ceja.
Agregaron que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Celaya no quiso aceptar las quejas de gente de Moroleón y los remitió a las autoridades laborales. En Irapuato, el subprocurador de los derechos humanos, Alejandro Hernández Méndez, trató de convencerlos de que no denunciaran.
Cuando uno de los jornaleros estaba declarando le dijeron que le llamaban de la oficina del Programa de Empleo del gobierno del estado.
“Después hablé con la encargada (regional de Irapuato) de la oficina (del Servicio Estatal de Empleo, Concepción Hernández González) y me dijo que viera los hechos como una prueba o un castigo de Dios, porque regresando tendría un mejor empleo. Le pregunté: ‘¿Qué mejor empleo?’ Y dijo: ‘El que te voy a ofrecer”’, relató el trabajador, que pidió el anonimato.
Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, dijo que el programa "jornalero agrícola" es responsabilidad del gobierno federal. "Una vez que vinculamos (a los trabajadores con las empresas, el asunto) queda bajo responsabilidad del servicio de empleo del estado correspondiente", en este caso el de Sonora, argumentó.
Un ganador del TLCAN
El empresario Marco Antonio Molina Rodríguez, presidente de la Fundación Produce Sonora AC, que recibe subsidios de Alianza para el Campo, es dueño de Agropecuaria Las Mercedes, SA de CV, ubicada en la comunidad Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas, en la zona centro del estado.
Ese campo vitivinícola fue creado en 1980 y ha sido promovido como uno de los que ofrecen mejores condiciones laborales en el estado. Gracias al Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) exporta a Estados Unidos y Canadá.
El crecimiento que ha logrado Grupo Molina en 20 años le permitió comprar la comercializadora Fresh Farms en Nogales, Arizona.
Molina Rodríguez fue dirigente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora, la agrupación más importante del ramo hasta 2007.
El 8 de marzo La Jornada informó de otro campo agrícola, Viñedo Alta, ubicado en Estación Pesqueira, donde también se cometían abusos contra jornaleros traídos de Puebla.
La Jornada, 25 de marzo del 2009
Fueron enganchados por el Servicio Nacional de Empleo y funcionarios estatales, aseguran
Autoridades de derechos humanos de Guanajuato intentan disuadirlos de presentar querella
Foto
Tres de los jornaleros de Irapuato, Guanajuato, que denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato los abusos que presuntamente vivieron en Sonora. Pidieron omitir sus nombres
Carlos García
Corresponsal
Irapuato, Gto., 24 de marzo. Treinta y un jornaleros contratados por conducto del Servicio Nacional de Empleo del gobierno federal escaparon de un viñedo de Hermosillo, Sonora, y cinco denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que los obligaban a trabajar en condiciones de semiesclavitud, con jornadas de 12 horas diarias, encerrados en barracas donde les daban cartones en vez de cobijas y los alimentaban con caldo de frijol sucio.
En total, dijeron, unas mil 700 personas de al menos 10 entidades fueron seleccionadas por el Servicio Nacional de Empleo para trabajar en el viñedo, propiedad de la empresa Agropecuaria Las Mercedes.
Los jornaleros relataron que en ese campo había familias completas procedentes de Chiapas y trabajadores canalizados por los gobiernos de Puebla, Veracruz, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Sonora.
La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) del gobierno de Guanajuato envió a esos viñedos a unas 300 personas reclutadas en los municipios de Abasolo, Jaral del Progreso, Salamanca, Irapuato, Cuerámaro, Moroleón, Valle de Santiago y Pénjamo.
Durante el reclutamiento, la SDES explicó a los aspirantes que recibirían 8 mil pesos mensuales, tres comidas diarias, y que tendrían servicios de guardería y envíos de dinero.
El primero de marzo el grupo partió a Sonora. Cuando llegaron al viñedo, enclavado en el desierto, los instalaron en dormitorios con literas de tablones. Cuando pidieron cobijas los encargados rieron y les dieron cartones.
"Nos dijeron que no era un hotel de cinco estrellas, pero al llegar todo fue desilusión", comentó uno de los afectados.
"Nos encerraban. Tenían candados y cadenas para que no saliera la gente. Yo me escapé en la noche, y como no tenía dinero trabajé una semana en (el corte de) la calabaza para regresar", recordó José Antonio Salazar Ceja, de 23 años.
Antonio Cisneros dijo que caminó cinco horas al poblado de Pesqueira, donde habló por teléfono con personal del gobierno de Guanajuato, al que contó lo ocurrido, pero no le hicieron caso. "Me sentí un esclavo. Estaba triste por haber caído. Pensaba que era algo mejor y fue pura mentira", narró.
El 13 de marzo la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato recibió la queja 70/09-B que interpusieron Raymundo Aguilera Ramírez, Agustín Álvarez Sámano, Antonio Cisneros Álvarez, José Humberto Aldaco Moreno y José Antonio Salazar Ceja.
Agregaron que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Celaya no quiso aceptar las quejas de gente de Moroleón y los remitió a las autoridades laborales. En Irapuato, el subprocurador de los derechos humanos, Alejandro Hernández Méndez, trató de convencerlos de que no denunciaran.
Cuando uno de los jornaleros estaba declarando le dijeron que le llamaban de la oficina del Programa de Empleo del gobierno del estado.
“Después hablé con la encargada (regional de Irapuato) de la oficina (del Servicio Estatal de Empleo, Concepción Hernández González) y me dijo que viera los hechos como una prueba o un castigo de Dios, porque regresando tendría un mejor empleo. Le pregunté: ‘¿Qué mejor empleo?’ Y dijo: ‘El que te voy a ofrecer”’, relató el trabajador, que pidió el anonimato.
Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, dijo que el programa "jornalero agrícola" es responsabilidad del gobierno federal. "Una vez que vinculamos (a los trabajadores con las empresas, el asunto) queda bajo responsabilidad del servicio de empleo del estado correspondiente", en este caso el de Sonora, argumentó.
Un ganador del TLCAN
El empresario Marco Antonio Molina Rodríguez, presidente de la Fundación Produce Sonora AC, que recibe subsidios de Alianza para el Campo, es dueño de Agropecuaria Las Mercedes, SA de CV, ubicada en la comunidad Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas, en la zona centro del estado.
Ese campo vitivinícola fue creado en 1980 y ha sido promovido como uno de los que ofrecen mejores condiciones laborales en el estado. Gracias al Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) exporta a Estados Unidos y Canadá.
El crecimiento que ha logrado Grupo Molina en 20 años le permitió comprar la comercializadora Fresh Farms en Nogales, Arizona.
Molina Rodríguez fue dirigente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora, la agrupación más importante del ramo hasta 2007.
El 8 de marzo La Jornada informó de otro campo agrícola, Viñedo Alta, ubicado en Estación Pesqueira, donde también se cometían abusos contra jornaleros traídos de Puebla.
La Jornada, 25 de marzo del 2009
Lo que ordene el mercado
Para el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, la pérdida de 370 mil empleos al cierre de 2008 y principios de este año obedece a un ciclo normal de la economía, pues los meses de diciembre concluyen contratos de trabajadores eventuales. También recomendó a los padres de familia alentar a los hijos a estudiar "no lo que les guste", sino lo que demanda el mercado laboral, para no ser "corresponsables de historias de fracaso y frustración".
El funcionario dijo que existe un problema de vinculación entre las carreras y la oferta del trabajo, por ello expresó: "Como padre de familia, hoy no podemos seguir alentando a nuestros hijos a que se dediquen a aquello que les gusta. Hoy tenemos que ser suficientemente responsables con ellos y hablarles de manera directa. Hoy los jóvenes tienen que responder de manera afirmativa tres preguntas: qué te gusta, para qué eres bueno y si aquello que te gusta y para lo que eres bueno tiene o no una demanda en el mercado laboral".
Tomado de La Jornada, 25 de marzo del 2009
El funcionario dijo que existe un problema de vinculación entre las carreras y la oferta del trabajo, por ello expresó: "Como padre de familia, hoy no podemos seguir alentando a nuestros hijos a que se dediquen a aquello que les gusta. Hoy tenemos que ser suficientemente responsables con ellos y hablarles de manera directa. Hoy los jóvenes tienen que responder de manera afirmativa tres preguntas: qué te gusta, para qué eres bueno y si aquello que te gusta y para lo que eres bueno tiene o no una demanda en el mercado laboral".
Tomado de La Jornada, 25 de marzo del 2009
martes, 24 de marzo de 2009
Datos del candidato a diputado federal por el PAN
Nota de López Dóriga
Diario Público, del 24 de marzo del 2009
Un oscuro personaje del Estado de México se ha convertido en el mayor invasor urbano del país, señalado como uno de los principales extorsionadores de la política del priato.
Se trata de Rodolfo Bastida Marín, quien se ostenta como líder de los albañiles y transportistas afiliados a la priista CROC.
Protegido por esas siglas, por un grupo de abogados, y hasta hace poco por gobiernos priistas, este Bastida Marín operaba fácil: llegaba a los desarrollos en construcción de la zona conurbada del Estado de México, los invadía, suspendía la obra y se sentaba en sus oficinas a esperar que los afectados, a los que les fijaba el precio por desocupar, monto que dependía del valor del proyecto ocupado.
Decenas de historias de afectados en toda esa zona conurbada y los cientos de millones de pesos y de dólares cuentan cómo, extorsionados por Bastida Marín, le tuvieron que pagar para recuperar sus predios.
El mismo sujeto se hizo de unos dudosos títulos de propiedad con los que ha acusado a los principales desarrolladores de despojo, del que se desiste sólo a través de multimillonarios pagos, tanto en efectivo como en terrenos.
Es tal su poder, que inventó una “agrupación política nacional”, que maneja su hijo Rodolfo Bastida Mendoza, que trató de convertir en partido político, lo que el TEPJF rechazó por sus antecedentes.
Pues bien, ahora el PAN mexiquense lo recogió haciéndolo su candidato a diputado federal por el tercer distrito, Atlacomulco, “por su fortaleza y su cercanía con los ciudadanos”.
Diario Público, del 24 de marzo del 2009
Un oscuro personaje del Estado de México se ha convertido en el mayor invasor urbano del país, señalado como uno de los principales extorsionadores de la política del priato.
Se trata de Rodolfo Bastida Marín, quien se ostenta como líder de los albañiles y transportistas afiliados a la priista CROC.
Protegido por esas siglas, por un grupo de abogados, y hasta hace poco por gobiernos priistas, este Bastida Marín operaba fácil: llegaba a los desarrollos en construcción de la zona conurbada del Estado de México, los invadía, suspendía la obra y se sentaba en sus oficinas a esperar que los afectados, a los que les fijaba el precio por desocupar, monto que dependía del valor del proyecto ocupado.
Decenas de historias de afectados en toda esa zona conurbada y los cientos de millones de pesos y de dólares cuentan cómo, extorsionados por Bastida Marín, le tuvieron que pagar para recuperar sus predios.
El mismo sujeto se hizo de unos dudosos títulos de propiedad con los que ha acusado a los principales desarrolladores de despojo, del que se desiste sólo a través de multimillonarios pagos, tanto en efectivo como en terrenos.
Es tal su poder, que inventó una “agrupación política nacional”, que maneja su hijo Rodolfo Bastida Mendoza, que trató de convertir en partido político, lo que el TEPJF rechazó por sus antecedentes.
Pues bien, ahora el PAN mexiquense lo recogió haciéndolo su candidato a diputado federal por el tercer distrito, Atlacomulco, “por su fortaleza y su cercanía con los ciudadanos”.
Sí el lo dice
Aburto y nadie más
El asalto a la razón
Carlos Marín
Diario Pulico, del 2009-03-24
Laura Elena Colosio Murrieta, hermana del candidato presidencial asesinado hace 15 años, insistió ayer en demandar la exhumación del expediente ministerial.
Dijo que en su familia saben “que los autores intelectuales todavía no han sido responsabilizados ni castigados…”, pero admitió ignorar “quiénes” planearon el crimen y expresó su confianza en que “la justicia les va a llegar”.
Por comprensible que sea, es legalmente imposible satisfacer el reclamo de los deudos y de quienes, con apetitos deleznables, dicen ver complotistas con tranchetes, ya que el asesino material, Mario Aburto Martínez, quien purga su condena en una cárcel de máxima seguridad, es también el autor intelectual, y ningún otro.
No les es fácil admitirlo porque desconocen una de las más exhaustivas y mejores averiguaciones que se han hecho en México, encabezadas por los irreprochables fiscales Miguel Montes y Olga Islas de González Mariscal.
Quienes claman por otro “autor intelectual” (¿qué tal Carlos Salinas?) lo que anhelan es que se fabriquen “culpables”.
El asalto a la razón
Carlos Marín
Diario Pulico, del 2009-03-24
Laura Elena Colosio Murrieta, hermana del candidato presidencial asesinado hace 15 años, insistió ayer en demandar la exhumación del expediente ministerial.
Dijo que en su familia saben “que los autores intelectuales todavía no han sido responsabilizados ni castigados…”, pero admitió ignorar “quiénes” planearon el crimen y expresó su confianza en que “la justicia les va a llegar”.
Por comprensible que sea, es legalmente imposible satisfacer el reclamo de los deudos y de quienes, con apetitos deleznables, dicen ver complotistas con tranchetes, ya que el asesino material, Mario Aburto Martínez, quien purga su condena en una cárcel de máxima seguridad, es también el autor intelectual, y ningún otro.
No les es fácil admitirlo porque desconocen una de las más exhaustivas y mejores averiguaciones que se han hecho en México, encabezadas por los irreprochables fiscales Miguel Montes y Olga Islas de González Mariscal.
Quienes claman por otro “autor intelectual” (¿qué tal Carlos Salinas?) lo que anhelan es que se fabriquen “culpables”.
sábado, 21 de marzo de 2009
Y por lo menos se debería de reír, el hijo de puta, cada que un ciudadano se lo pida
El IEE de Guanajuato exculpa a funcionario que usó fondos públicos para cirugía dental estética
Foto
En primer plano, el consejero José María Aizpuru Osollo, acusado de daño patrimonial. Le siguen, de derecha a e izquierda, el secretario del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Juan Carlos Cano Martínez, el presidente Santiago Hernández y el también consejero Refugio LozanoFoto Carlos García
Carlos García, corresponsal
Guanajuato, Gto., 20 de marzo. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) financió la cirugía estética dental a la que se sometió el consejero José María Aizpuru Osollo cuando era secretario ejecutivo del organismo; además, el funcionario presentó una factura falsa por 20 mil pesos para justificar gastos por 10 mil, según reveló el Órgano de Fiscalización Superior.
No obstante, el consejo general del IEEG, que este viernes discutió su caso, no contempló sanción alguna para Aizpuru Osollo, pero sí para los funcionarios que le autorizaron los 115 mil pesos y le tramitaron la comprobación de gastos, pues incurrieron en daño patrimonial.
Así, se acordó destituir a Lorena Segura Puga de la dirección del Servicio Profesional del IEEG e inhabilitarla por cinco años para ocupar cargos públicos, pues en su condición de secretaria particular de Aizpuru tramitó los viáticos y entregó la documentación apócrifa.
Asimismo, fue sancionado con 7 mil pesos Eduardo García Barrón, secretario ejecutivo del IEEG, porque era director de Servicio Profesional cuando autorizó el gasto y él mismo se blanqueó la dentadura.
Para Santiago Hernández Ornelas, presidente del órgano electoral, García Barrón no incurrió en falta por ponerse porcelana en los dientes, sólo por blanquearlos con láser.
El 19 de diciembre pasado, luego de darse a conocer el reporte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el pleno del Poder Legislativo aprobó poner una denuncia penal y otra civil contra Aizpuru por el daño patrimonial que causó al IEEG cuando fue su secretario Ejecutivo.
El panista Julio González Garza, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, dijo que el consejo del IEEG debió destituir e inhabilitar a José María Aizpuru, además de que éste debió resarcir el daño patrimonial que causó.
Anunció que el Poder Legislativo da seguimiento a las denuncias y "deberá responder por los daños que causó", además, el OFS continúa revisando las cuentas del periodo cuando Aizpuro fue secretario del IEEG.
Para José Belmonte, representante del PRD ante el IEEG, los funcionarios castigados son "chivos expiatorios" y se generó impunidad al no castigar a Aizpuru Osollo.
Aizpuru llegó a la secretaría del IEEG en 1999 con apoyo de su ex jefe, el entonces rector de la Universidad de Guanajuato y luego gobernador Juan Carlos Romero Hick.De 1999 a 2007 estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva del IEEG y en marzo de 2008 fue propuesto como consejero ciudadano por la diputación del PAN.
La Jornada, 21 de marzo, 2009
Foto
En primer plano, el consejero José María Aizpuru Osollo, acusado de daño patrimonial. Le siguen, de derecha a e izquierda, el secretario del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Juan Carlos Cano Martínez, el presidente Santiago Hernández y el también consejero Refugio LozanoFoto Carlos García
Carlos García, corresponsal
Guanajuato, Gto., 20 de marzo. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) financió la cirugía estética dental a la que se sometió el consejero José María Aizpuru Osollo cuando era secretario ejecutivo del organismo; además, el funcionario presentó una factura falsa por 20 mil pesos para justificar gastos por 10 mil, según reveló el Órgano de Fiscalización Superior.
No obstante, el consejo general del IEEG, que este viernes discutió su caso, no contempló sanción alguna para Aizpuru Osollo, pero sí para los funcionarios que le autorizaron los 115 mil pesos y le tramitaron la comprobación de gastos, pues incurrieron en daño patrimonial.
Así, se acordó destituir a Lorena Segura Puga de la dirección del Servicio Profesional del IEEG e inhabilitarla por cinco años para ocupar cargos públicos, pues en su condición de secretaria particular de Aizpuru tramitó los viáticos y entregó la documentación apócrifa.
Asimismo, fue sancionado con 7 mil pesos Eduardo García Barrón, secretario ejecutivo del IEEG, porque era director de Servicio Profesional cuando autorizó el gasto y él mismo se blanqueó la dentadura.
Para Santiago Hernández Ornelas, presidente del órgano electoral, García Barrón no incurrió en falta por ponerse porcelana en los dientes, sólo por blanquearlos con láser.
El 19 de diciembre pasado, luego de darse a conocer el reporte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el pleno del Poder Legislativo aprobó poner una denuncia penal y otra civil contra Aizpuru por el daño patrimonial que causó al IEEG cuando fue su secretario Ejecutivo.
El panista Julio González Garza, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, dijo que el consejo del IEEG debió destituir e inhabilitar a José María Aizpuru, además de que éste debió resarcir el daño patrimonial que causó.
Anunció que el Poder Legislativo da seguimiento a las denuncias y "deberá responder por los daños que causó", además, el OFS continúa revisando las cuentas del periodo cuando Aizpuro fue secretario del IEEG.
Para José Belmonte, representante del PRD ante el IEEG, los funcionarios castigados son "chivos expiatorios" y se generó impunidad al no castigar a Aizpuru Osollo.
Aizpuru llegó a la secretaría del IEEG en 1999 con apoyo de su ex jefe, el entonces rector de la Universidad de Guanajuato y luego gobernador Juan Carlos Romero Hick.De 1999 a 2007 estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva del IEEG y en marzo de 2008 fue propuesto como consejero ciudadano por la diputación del PAN.
La Jornada, 21 de marzo, 2009
jueves, 19 de marzo de 2009
Lomas de Poleo, despojo a la vista de todos
Lomas del Poleo: lucha entre pobreza y avaricia
La colonia, en las márgenes de Ciudad Juárez, fue cercada por empresarios, pese a que está en litigio
Arturo Cano/ I
Enviado
Ciudad Juárez-El Paso. Lucy Carrillo tiene una casa llena de cosas compradas en las "segundas", objetos desechados del otro lado de la frontera. La cerca de su terreno, por ejemplo, está hecha con los esqueletos de colchones. Ahí se juntan los vecinos que quedan en Lomas del Poleo, para hacer el recuento de sus males, en un coro de voces que no cesa.
A todos los dejaron sin luz. A muchos les han robado sus pertenencias. A otros les han quemado o tumbado sus casas. A Luis Guerrero lo mataron a patadas. Todos, desde 2004, viven dentro de un cerco de alambre de púas.
Desde este último rincón de Ciudad Juárez se ven los árboles de Sunland Park, Nuevo México. Verdea del otro lado, porque acá el agua llega en pipas, cuando llega.
Esto fue tierra de pollos y polleros, de narquillos que aprovechaban algunas casas abandonadas para esconderse. "Más de una vez nos llegaron muchachas a llore y llore", decía un vecino en octubre de 1996. Seis meses antes, los colonos habían participado en el peinado de toda la zona en busca de cadáveres de muchachas. Hallaron nueve. "El chivero que dijo dónde estaban tres" se llevó las palmas. Ahora tiran los cadáveres en cualquier parte de la ciudad.
Y Lomas del Poleo no es más la tierra olvidada, de calor que mata en el verano y menos 15 grados en invierno, de polvo seco.
Durante 30 años, 250 familias aguantaron las penurias con tal de tener un terreno de dos hectáreas, criar animales, sembrar árboles y hortalizas, a 25 minutos del centro de la ciudad. En 1996, los colonos contaban de pleitos permanentes con los malandros, que se robaban hasta las sillitas de las aulas y la tubería de los baños de la escuela.
Nadie se acordaba, sino sus habitantes de la colonia Granjas Lomas del Poleo.
Ahora, desde la casa de Lucy Carrillo se ve una carretera a medio hacer, que hoy conduce a ninguna parte, pero mañana conectará Ciudad Juárez con una nueva ciudad maquilada, San Jerónimo-Santa Teresa, el gran proyecto binacional de empresarios de ambos lados de la frontera. Ya pusieron la primera piedra de una maquila que, en su primera fase, tendrá 20 mil obreros.
La ampliación de Maquilatitlán trajo cola. La familia Zaragoza Fuentes –leche, terrenos, hoteles, desarrollos inmobiliarios– descubrió que Lomas del Poleo había sido comprada por su padre en 1963. Y también, de paso, que por ahí pasará la carretera y que esos terrenos sólo apreciados por los pobres que los habitan desde hace 30 años valdrán una millonada en pocos años. Eso dicen Pedro Zaragoza y su hermano Jorge, que han defendido su "propiedad" en desplegados públicos. Para los habitantes, las 245 hectáreas que poseían están ubicadas dentro de un polígono de 25 mil declaradas propiedad de la nación en 1975. Aunque el asunto está en litigio, los Zaragoza decidieron emular el chiquihuitazo, y se han apoderado de los terrenos con guardias armados, alambres de púas, buldózeres… y todo el apoyo de los gobiernos locales.
Todo estaría olvidado de no ser por 25 familias obstinadas, que se niegan a salir en tanto no haya una resolución legal. Veinticinco familias y el terco de don Cruz.
Las chivas de don Cruz
Cruz Reza vendió sus 30 chivas y se quedó sin nada. Cruz Reza tenía una novia que lo visitaba de cuando en cuando, pero ahora no la dejan entrar a la colonia. El comprador de las chivas sí pudo pasar porque iba a sacar animales, no a meter alimento para el ganado, cosa que también está prohibida. Los hombres que controlan la puerta desde hace cinco años, empleados de los Zaragoza Fuentes, dijeron: “Así que Cruz ya vendió sus chivas…”
Un par de días después, los celosos vigilantes que nunca dejan pasar a la novia de Cruz ni a ningún familiar o visitante de los colonos, no se percataron de la entrada de unos pandilleros. "¿Dónde está el dinero de las chivas?", le soltaron a Cruz, entre golpe y golpe, atado él de pies y manos.
Las penas de Cruz Reza, de 72 años, vinieron de a montón. Otro día le cayeron los soldados, que a estas alturas ya han visitado más de 4 mil hogares en Ciudad Juárez. Los vigilantes de la familia Zaragoza Fuentes habían informado que don Cruz tenía un rifle. Catearon sus dos casas y hallaron un calibre 22. "¿Para qué lo quiere?", preguntó un militar. “Pus pa’ las liebres, los coyotes… y los malandros”.
Los soldados se llevaron el arma, pero no a don Cruz.
Don Cruz tuvo alguna vez 80 chivas, 70 cerdos y 180 gallinas. "Pero ahora sólo me queda una marrana", se lamenta.
Desde 2003 don Cruz se enteró de que el terreno donde levantó dos casas y engordó a sus animales no era suyo, sino de los Zaragoza. Lo supo de golpe, pues le quitaron la luz con todo y postes. Luego cercaron con alambre de púas toda la colonia, mataron a un hombre que vivía cerca de él y tiraron, una tras otra, las casas de más de 200 de sus vecinos. Ya perdió la cuenta de las amenazas, de las "ofertas" de 50 mil pesos por dos hectáreas y dos casas, de sus días de ermitaño.
Tan solo quedó don Cruz que los vigilantes no entienden por qué diablos sigue ahí: "Cuando vuelva a salir le tumbamos las casas", le fueron a decir en los primeros días del año. Desde entonces, don Cruz no sale de su casa. Los vecinos le llevan comida y noticias. Su contacto con el mundo es un celular que recarga con la batería de su camioneta.
"Maten a esos pinches perros"
Carlos Morales, funcionario del ayuntamiento de Ciudad Juárez, le decía una y otra vez a William Morton: "Mire, padre, éste no es un problema legal, es un problema social, ¿por qué no me echa la mano para mover a la gente?"
Morton, misionero columbano, ha tenido más de dos años para pensar en cómo comenzó la historia del solitario don Cruz y sus vecinos de Lomas del Poleo, la suya propia, porque la defensa de los colonos le costó que, súbitamente, las autoridades migratorias se enteraran de su estancia "irregular" en México durante 11 años y lo hicieran firmar un "oficio de salida definitiva".
El “padre Memo”, como le dicen aún los colonos, reconstruye la historia frente a un jugo de naranja, en un restaurante de El Paso, Texas. Se sabe las fechas de memoria.
Todo comenzó, dice, cuando quitaron los postes de luz, el 16 de mayo de 2003. Ya a oscuras, los colonos vieron llegar 300 cholos, encabezados por un leguleyo. Se instalaron en campers y comenzaron a visitar vecinos. "Estas tierras son de los Zaragoza", dijeron. Fue el comienzo.
Una tarde, Morton dirigía la ampliación de la capilla cuando llegaron varios hombres a caballo. "Aquí está prohibido construir", le soltaron.
"No tomé en serio las amenazas, porque sabía que los Zaragoza son una familia muy católica y no pensé que se molestaran porque se ampliara la capilla", dice Morton.
La capilla fue destruida en septiembre de 2003. Los Zaragoza, donantes cinco estrellas de la diócesis local y sus obras pías, se deslindaron del hecho.
Como los colonos reconstruyeron la capilla, el 18 de marzo de 2004, los Zaragoza apretaron tuercas. Trescientos hombres cavaron zanjas y un día la colonia amaneció cercada por completo. Adentro quedaron las casas, la escuela primaria, el jardín de niños, un campo de futbol y el templo.
Los residentes se alebrestaron. Algunos comenzaron a derribar la cerca. Llegaron los guardias y se armó la trifulca. "Las señoras con bebés en brazos aventaban piedras", recuerda Morton.
Un mes más tarde, los Zaragoza instalaron portón y dos torres de vigía. Pese a que han reconocido públicamente que los terrenos siguen en litigio, pusieron también un letrero con letras rojas: "Propiedad privada".
Nadie pudo entrar más sin su permiso.
Al mismo tiempo, el hostigamiento arreció. Los guardias aprovechaban las ausencias de vecinos para tirar las cercas de sus casas.
En agosto de 2005, Manuel Balderas, abogado de los Zaragoza, ordenó a un grupo de golpeadores derribar la casa de “Abel, a quien apodaban El Bombero”. Cuatro vecinos se acercaron y los insultaron. Cuenta Morton que Balderas ordenó: "Maten a esos pinches perros".
Cincuenta guardias se fueron contra ellos. A Luis Guerrero Dávila lo patearon en el suelo. Chuy, un vecino, corrió a su camioneta. "Al verlo venir, Balderas le disparó en una pierna." Chuy le regresó un tiro en la panza.
Balderas no murió, pero no volvió a aparecerse.
Guerrero murió en el hospital un par de días después. "Yo estaba con su esposa y sus niños", recuerda Morton, antes de hablar de su miedo de volver a México.
La colonia, en las márgenes de Ciudad Juárez, fue cercada por empresarios, pese a que está en litigio
Arturo Cano/ I
Enviado
Ciudad Juárez-El Paso. Lucy Carrillo tiene una casa llena de cosas compradas en las "segundas", objetos desechados del otro lado de la frontera. La cerca de su terreno, por ejemplo, está hecha con los esqueletos de colchones. Ahí se juntan los vecinos que quedan en Lomas del Poleo, para hacer el recuento de sus males, en un coro de voces que no cesa.
A todos los dejaron sin luz. A muchos les han robado sus pertenencias. A otros les han quemado o tumbado sus casas. A Luis Guerrero lo mataron a patadas. Todos, desde 2004, viven dentro de un cerco de alambre de púas.
Desde este último rincón de Ciudad Juárez se ven los árboles de Sunland Park, Nuevo México. Verdea del otro lado, porque acá el agua llega en pipas, cuando llega.
Esto fue tierra de pollos y polleros, de narquillos que aprovechaban algunas casas abandonadas para esconderse. "Más de una vez nos llegaron muchachas a llore y llore", decía un vecino en octubre de 1996. Seis meses antes, los colonos habían participado en el peinado de toda la zona en busca de cadáveres de muchachas. Hallaron nueve. "El chivero que dijo dónde estaban tres" se llevó las palmas. Ahora tiran los cadáveres en cualquier parte de la ciudad.
Y Lomas del Poleo no es más la tierra olvidada, de calor que mata en el verano y menos 15 grados en invierno, de polvo seco.
Durante 30 años, 250 familias aguantaron las penurias con tal de tener un terreno de dos hectáreas, criar animales, sembrar árboles y hortalizas, a 25 minutos del centro de la ciudad. En 1996, los colonos contaban de pleitos permanentes con los malandros, que se robaban hasta las sillitas de las aulas y la tubería de los baños de la escuela.
Nadie se acordaba, sino sus habitantes de la colonia Granjas Lomas del Poleo.
Ahora, desde la casa de Lucy Carrillo se ve una carretera a medio hacer, que hoy conduce a ninguna parte, pero mañana conectará Ciudad Juárez con una nueva ciudad maquilada, San Jerónimo-Santa Teresa, el gran proyecto binacional de empresarios de ambos lados de la frontera. Ya pusieron la primera piedra de una maquila que, en su primera fase, tendrá 20 mil obreros.
La ampliación de Maquilatitlán trajo cola. La familia Zaragoza Fuentes –leche, terrenos, hoteles, desarrollos inmobiliarios– descubrió que Lomas del Poleo había sido comprada por su padre en 1963. Y también, de paso, que por ahí pasará la carretera y que esos terrenos sólo apreciados por los pobres que los habitan desde hace 30 años valdrán una millonada en pocos años. Eso dicen Pedro Zaragoza y su hermano Jorge, que han defendido su "propiedad" en desplegados públicos. Para los habitantes, las 245 hectáreas que poseían están ubicadas dentro de un polígono de 25 mil declaradas propiedad de la nación en 1975. Aunque el asunto está en litigio, los Zaragoza decidieron emular el chiquihuitazo, y se han apoderado de los terrenos con guardias armados, alambres de púas, buldózeres… y todo el apoyo de los gobiernos locales.
Todo estaría olvidado de no ser por 25 familias obstinadas, que se niegan a salir en tanto no haya una resolución legal. Veinticinco familias y el terco de don Cruz.
Las chivas de don Cruz
Cruz Reza vendió sus 30 chivas y se quedó sin nada. Cruz Reza tenía una novia que lo visitaba de cuando en cuando, pero ahora no la dejan entrar a la colonia. El comprador de las chivas sí pudo pasar porque iba a sacar animales, no a meter alimento para el ganado, cosa que también está prohibida. Los hombres que controlan la puerta desde hace cinco años, empleados de los Zaragoza Fuentes, dijeron: “Así que Cruz ya vendió sus chivas…”
Un par de días después, los celosos vigilantes que nunca dejan pasar a la novia de Cruz ni a ningún familiar o visitante de los colonos, no se percataron de la entrada de unos pandilleros. "¿Dónde está el dinero de las chivas?", le soltaron a Cruz, entre golpe y golpe, atado él de pies y manos.
Las penas de Cruz Reza, de 72 años, vinieron de a montón. Otro día le cayeron los soldados, que a estas alturas ya han visitado más de 4 mil hogares en Ciudad Juárez. Los vigilantes de la familia Zaragoza Fuentes habían informado que don Cruz tenía un rifle. Catearon sus dos casas y hallaron un calibre 22. "¿Para qué lo quiere?", preguntó un militar. “Pus pa’ las liebres, los coyotes… y los malandros”.
Los soldados se llevaron el arma, pero no a don Cruz.
Don Cruz tuvo alguna vez 80 chivas, 70 cerdos y 180 gallinas. "Pero ahora sólo me queda una marrana", se lamenta.
Desde 2003 don Cruz se enteró de que el terreno donde levantó dos casas y engordó a sus animales no era suyo, sino de los Zaragoza. Lo supo de golpe, pues le quitaron la luz con todo y postes. Luego cercaron con alambre de púas toda la colonia, mataron a un hombre que vivía cerca de él y tiraron, una tras otra, las casas de más de 200 de sus vecinos. Ya perdió la cuenta de las amenazas, de las "ofertas" de 50 mil pesos por dos hectáreas y dos casas, de sus días de ermitaño.
Tan solo quedó don Cruz que los vigilantes no entienden por qué diablos sigue ahí: "Cuando vuelva a salir le tumbamos las casas", le fueron a decir en los primeros días del año. Desde entonces, don Cruz no sale de su casa. Los vecinos le llevan comida y noticias. Su contacto con el mundo es un celular que recarga con la batería de su camioneta.
"Maten a esos pinches perros"
Carlos Morales, funcionario del ayuntamiento de Ciudad Juárez, le decía una y otra vez a William Morton: "Mire, padre, éste no es un problema legal, es un problema social, ¿por qué no me echa la mano para mover a la gente?"
Morton, misionero columbano, ha tenido más de dos años para pensar en cómo comenzó la historia del solitario don Cruz y sus vecinos de Lomas del Poleo, la suya propia, porque la defensa de los colonos le costó que, súbitamente, las autoridades migratorias se enteraran de su estancia "irregular" en México durante 11 años y lo hicieran firmar un "oficio de salida definitiva".
El “padre Memo”, como le dicen aún los colonos, reconstruye la historia frente a un jugo de naranja, en un restaurante de El Paso, Texas. Se sabe las fechas de memoria.
Todo comenzó, dice, cuando quitaron los postes de luz, el 16 de mayo de 2003. Ya a oscuras, los colonos vieron llegar 300 cholos, encabezados por un leguleyo. Se instalaron en campers y comenzaron a visitar vecinos. "Estas tierras son de los Zaragoza", dijeron. Fue el comienzo.
Una tarde, Morton dirigía la ampliación de la capilla cuando llegaron varios hombres a caballo. "Aquí está prohibido construir", le soltaron.
"No tomé en serio las amenazas, porque sabía que los Zaragoza son una familia muy católica y no pensé que se molestaran porque se ampliara la capilla", dice Morton.
La capilla fue destruida en septiembre de 2003. Los Zaragoza, donantes cinco estrellas de la diócesis local y sus obras pías, se deslindaron del hecho.
Como los colonos reconstruyeron la capilla, el 18 de marzo de 2004, los Zaragoza apretaron tuercas. Trescientos hombres cavaron zanjas y un día la colonia amaneció cercada por completo. Adentro quedaron las casas, la escuela primaria, el jardín de niños, un campo de futbol y el templo.
Los residentes se alebrestaron. Algunos comenzaron a derribar la cerca. Llegaron los guardias y se armó la trifulca. "Las señoras con bebés en brazos aventaban piedras", recuerda Morton.
Un mes más tarde, los Zaragoza instalaron portón y dos torres de vigía. Pese a que han reconocido públicamente que los terrenos siguen en litigio, pusieron también un letrero con letras rojas: "Propiedad privada".
Nadie pudo entrar más sin su permiso.
Al mismo tiempo, el hostigamiento arreció. Los guardias aprovechaban las ausencias de vecinos para tirar las cercas de sus casas.
En agosto de 2005, Manuel Balderas, abogado de los Zaragoza, ordenó a un grupo de golpeadores derribar la casa de “Abel, a quien apodaban El Bombero”. Cuatro vecinos se acercaron y los insultaron. Cuenta Morton que Balderas ordenó: "Maten a esos pinches perros".
Cincuenta guardias se fueron contra ellos. A Luis Guerrero Dávila lo patearon en el suelo. Chuy, un vecino, corrió a su camioneta. "Al verlo venir, Balderas le disparó en una pierna." Chuy le regresó un tiro en la panza.
Balderas no murió, pero no volvió a aparecerse.
Guerrero murió en el hospital un par de días después. "Yo estaba con su esposa y sus niños", recuerda Morton, antes de hablar de su miedo de volver a México.
Finisimas personas
El Gober Precioso, Fecal y Carlos Romero Deschamps, "líder" del sindicato petrolero.
viernes, 13 de marzo de 2009
Políticos y banqueros
Con los $32 mil millones que debe el gobierno podría recuperar el banco: Graco Ramírez
Trío de autoridades de Hacienda maniobra para que Banamex no pague impuestos
Menciona al titular del SAT, al de Grandes Contribuyentes y al administrador de fiscalización
Formaron parte de un despacho que lleva los asuntos fiscales de la institución financiera
Andrea Becerril
Banamex le debe al fisco 31 mil 894 millones de pesos por impuestos que ha dejado de cubrir desde 2007, y a pesar de que la cuantía del adeudo permitiría al gobierno federal recuperar ese banco, ahora en manos extranjeras, un trío de autoridades hacendarias maniobra para lograr que se le perdone esa cifra millonaria, advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graco Ramírez Garrido Abreu.
A nombre de su bancada, denunció que se trata del director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; del titular de Grandes Contribuyentes, de la Secretaría de Hacienda, Juan Carlos Rizo, y el administrador central de fiscalización, Luis Niño de Rivera. Los funcionarios formaron parte del Despacho Ortiz, Sainz y Tron, que ha llevado siempre los asuntos fiscales de Banamex y Avantel.
Conflicto de intereses
Hay un evidente conflicto de intereses, ya que por la mañana actúan como funcionarios y por las noches acuerdan en el despacho fiscal cómo proteger los intereses de Banamex y del banquero Roberto Hernández, a quien además le abren camino para que recupere el banco, agregó.
Explicó que ese adeudo cercano a los 32 mil millones de pesos es por el impuesto sobre la renta (ISR) que Banamex debió pagar por sus operaciones desde que fue adquirido por Citigroup, pero ha logrado eludirlos a través de diversas maniobras.
Para no pagar esa cifra, explicó, Banamex tiene interpuesta una controversia de 37 créditos fiscales que el titular del SAT pretende resolver a su favor, aunque no encuentra la forma legal para darle la razón al banco.
El senador Ramírez Garrido Abreu reveló que tiene información de que Gutiérrez Ortiz Mena ha presionado a personal del SAT para que se elabore un dictamen a favor del banco y se legalice la evasión fiscal, pero no ha logrado que lo hagan.
Hizo notar que en otras ocasiones le han devuelto impuestos, al dar de baja los llamados créditos fiscales. En julio de 2006, detalló, Banamex recibió 6 mil 232 millones de pesos como devolución de gravámenes, pero a partir de 2007 ya no fue posible y el adeudo por ello llega hoy a cerca de 32 mil millones de pesos.
Pero, insistió, Banamex y Roberto Hernández cuentan con el apoyo de los funcionarios ligados al despacho Ortiz, Sainz y Tron, SC y Gutiérrez Ortiz Mena mantiene escondido el expediente desde 2007.
El funcionario, que fungía como administrador de Grandes Contribuyentes en el sexenio de Fox, y que en diciembre del año pasado fue nombrado titular del SAT, fue socio de ese despacho, al igual que Rizo, quien lo relevó en el cargo y en el de administrador central de fiscalización.
El dato, dijo, está en el currículum de cada uno de los funcionarios, aunque el despacho no figura en Internet a pesar de la magnitud de los negocios en los que participa.
Adelantó que el grupo parlamentario del PRD pedirá la comparecencia en el Senado de los tres funcionarios, para que aclaren el conflicto de intereses en que se encuentran y por qué no han ejercido el crédito fiscal de 31 mil 894 millones de pesos que adeuda Banamex al fisco, en detrimento de las finanzas públicas.
Insistió en que la cuantía del adeudo permitiría al gobierno federal hacerse nuevamente de Banamex y decidir si lo vende otra vez, pero la intención es que regrese a las manos de Roberto Hernández, el conspicuo donante de Amigos de Fox”.
Expuso que desde el sexenio pasado, desde Hacienda se instauró una red de funcionarios para favorecer la elusión y la evasión de impuestos en beneficio de grandes empresas, entre ellas Banamex y Avantel.
Tomado de la Jornada, 13 de marzo del 2009
Trío de autoridades de Hacienda maniobra para que Banamex no pague impuestos
Menciona al titular del SAT, al de Grandes Contribuyentes y al administrador de fiscalización
Formaron parte de un despacho que lleva los asuntos fiscales de la institución financiera
Andrea Becerril
Banamex le debe al fisco 31 mil 894 millones de pesos por impuestos que ha dejado de cubrir desde 2007, y a pesar de que la cuantía del adeudo permitiría al gobierno federal recuperar ese banco, ahora en manos extranjeras, un trío de autoridades hacendarias maniobra para lograr que se le perdone esa cifra millonaria, advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graco Ramírez Garrido Abreu.
A nombre de su bancada, denunció que se trata del director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; del titular de Grandes Contribuyentes, de la Secretaría de Hacienda, Juan Carlos Rizo, y el administrador central de fiscalización, Luis Niño de Rivera. Los funcionarios formaron parte del Despacho Ortiz, Sainz y Tron, que ha llevado siempre los asuntos fiscales de Banamex y Avantel.
Conflicto de intereses
Hay un evidente conflicto de intereses, ya que por la mañana actúan como funcionarios y por las noches acuerdan en el despacho fiscal cómo proteger los intereses de Banamex y del banquero Roberto Hernández, a quien además le abren camino para que recupere el banco, agregó.
Explicó que ese adeudo cercano a los 32 mil millones de pesos es por el impuesto sobre la renta (ISR) que Banamex debió pagar por sus operaciones desde que fue adquirido por Citigroup, pero ha logrado eludirlos a través de diversas maniobras.
Para no pagar esa cifra, explicó, Banamex tiene interpuesta una controversia de 37 créditos fiscales que el titular del SAT pretende resolver a su favor, aunque no encuentra la forma legal para darle la razón al banco.
El senador Ramírez Garrido Abreu reveló que tiene información de que Gutiérrez Ortiz Mena ha presionado a personal del SAT para que se elabore un dictamen a favor del banco y se legalice la evasión fiscal, pero no ha logrado que lo hagan.
Hizo notar que en otras ocasiones le han devuelto impuestos, al dar de baja los llamados créditos fiscales. En julio de 2006, detalló, Banamex recibió 6 mil 232 millones de pesos como devolución de gravámenes, pero a partir de 2007 ya no fue posible y el adeudo por ello llega hoy a cerca de 32 mil millones de pesos.
Pero, insistió, Banamex y Roberto Hernández cuentan con el apoyo de los funcionarios ligados al despacho Ortiz, Sainz y Tron, SC y Gutiérrez Ortiz Mena mantiene escondido el expediente desde 2007.
El funcionario, que fungía como administrador de Grandes Contribuyentes en el sexenio de Fox, y que en diciembre del año pasado fue nombrado titular del SAT, fue socio de ese despacho, al igual que Rizo, quien lo relevó en el cargo y en el de administrador central de fiscalización.
El dato, dijo, está en el currículum de cada uno de los funcionarios, aunque el despacho no figura en Internet a pesar de la magnitud de los negocios en los que participa.
Adelantó que el grupo parlamentario del PRD pedirá la comparecencia en el Senado de los tres funcionarios, para que aclaren el conflicto de intereses en que se encuentran y por qué no han ejercido el crédito fiscal de 31 mil 894 millones de pesos que adeuda Banamex al fisco, en detrimento de las finanzas públicas.
Insistió en que la cuantía del adeudo permitiría al gobierno federal hacerse nuevamente de Banamex y decidir si lo vende otra vez, pero la intención es que regrese a las manos de Roberto Hernández, el conspicuo donante de Amigos de Fox”.
Expuso que desde el sexenio pasado, desde Hacienda se instauró una red de funcionarios para favorecer la elusión y la evasión de impuestos en beneficio de grandes empresas, entre ellas Banamex y Avantel.
Tomado de la Jornada, 13 de marzo del 2009
jueves, 12 de marzo de 2009
La herencia de la política o la política de la herencia
Mantener el control político y obtener altos sueldos a costa del erario, entre los motivos
Para los perredistas los cargos de elección ya son herencia familiar
En el proceso de selección interna de candidatos del sol azteca en la capital se impulsa a esposas, hermanas, hijos, primos y hasta cuñadas
Los comicios se realizarán el domingo 15
Raúl Llanos, Rocío González y Ángel Bolaños
La obsesión por mantener el control político, lucrativos sueldos o bien prolongar una forma de gobernar o legislar, ha llevado a que en el proceso de selección interna del PRD, diputados, dirigentes de sus principales corrientes y secretarios del Gobierno del Distrito Federal impulsen para un cargo de elección popular a sus familiares más cercanos: esposas, hermanas, hijos, cuñadas, sobrinos y primos. Algunos con experiencia en el ámbito administrativo y de las leyes; otros más, de ganar, llegarán a aprender.
Esos lazos afectivos se manifiestan, en algunos casos, siendo parte de la misma planilla, como el caso del diputado por la delegación Gustavo A. Madero (GAM) Juan Bustos, quien buscará una curul en San Lázaro, y metió a su hijo a la puja por un asiento en la Asamblea Legislativa. Nazario Norberto Sánchez va más allá: como diputado del distrito 7 en esa demarcación, contenderá por un sitio en la Cámara de Diputados y pretende que su lugar en la ALDF sea ocupado por su sobrino, Miguel Ángel Morales Norberto, quien tomará parte en la contienda de este domingo.
En Álvaro Obregón, el delegado con licencia, Leonel Luna Estrada, va en mancuerna con su cuñada, Leticia Robles Colín. El primero quiere llegar al recinto de Donceles y Allende, y la segunda, al de San Lázaro.
Valentina Batres Guadarrama, actual diputada federal y ex líder del PRD en Álvaro Obregón, va ahora tras la candidatura del distrito 1, en GAM, que de ganar le garantizará un asiento en la ALDF. Ella es hermana del secretario de Desarrollo Social del DF y cabeza de la corriente Izquierda Social, Martí Batres.
Víctor Hugo Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, tiene en su prima María Natividad Patricia Razo Vázquez a una contendiente por el distrito 32 local.
Dentro de esa misma línea de parentescos, y en cuanto a las esposas, está la precandidata a delegada de Iztapalapa, Silvia Oliva, cónyuge del senador y líder de la corriente Nueva Izquierda René Arce. Ella ha sido legisladora en el ámbito local y federal en los años recientes.
Otro caso es el del ex delegado de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, quien fuera de la justa perredista, debido al caso de la discoteca News Divine, apoya a su esposa, Beatriz Rojas, para que gane la candidatura por el distrito VI local en esa demarcación.
Por lo que hace al diputado Isaías Villa, quien luego de un acuerdo político dejó la precandidatura a jefe delegacional, apoyará también la postulación de su esposa, Rocío Sánchez –ex diputada federal– para que llegue a la Asamblea Legislativa.
Enrique Vargas Anaya, diputado por Azcapotzalco, aspira a ganar este domingo la candidatura para delegado de esa jurisdicción. Tanto él como su esposa, Laura Velázquez, actual secretaria de Desarrollo Económico, forman parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional.
Asunto de sangre
Los hermanos María Elena y Édgar Torres Baltazar están también en esa justa del PRD. La primera con la intención de dejar el recinto de San Lázaro y pasar al de Donceles y Allende, mientras que el segundo quiere brincar de la ALDF a la candidatura para delegado de Gustavo A. Madero.
En Iztapalapa, Karen Quiroga Anguiano requiere ganar el distrito 19 para ocupar un lugar en la ALDF. Tiene el respaldo de su tía, la ex diputada local y funcionaria del GDF Dione Anguiano, esposa de Alfredo Hernández Raigosa, también ex legislador y parte del Gobierno del DF.
Un caso más es el del diputado Efraín Morales, quien apoya a su hijo Carlos Augusto Morales para una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien tiene ya experiencia en las lides políticas.
Tomado de la Jornada, 12 de marzo del 2009
Para los perredistas los cargos de elección ya son herencia familiar
En el proceso de selección interna de candidatos del sol azteca en la capital se impulsa a esposas, hermanas, hijos, primos y hasta cuñadas
Los comicios se realizarán el domingo 15
Raúl Llanos, Rocío González y Ángel Bolaños
La obsesión por mantener el control político, lucrativos sueldos o bien prolongar una forma de gobernar o legislar, ha llevado a que en el proceso de selección interna del PRD, diputados, dirigentes de sus principales corrientes y secretarios del Gobierno del Distrito Federal impulsen para un cargo de elección popular a sus familiares más cercanos: esposas, hermanas, hijos, cuñadas, sobrinos y primos. Algunos con experiencia en el ámbito administrativo y de las leyes; otros más, de ganar, llegarán a aprender.
Esos lazos afectivos se manifiestan, en algunos casos, siendo parte de la misma planilla, como el caso del diputado por la delegación Gustavo A. Madero (GAM) Juan Bustos, quien buscará una curul en San Lázaro, y metió a su hijo a la puja por un asiento en la Asamblea Legislativa. Nazario Norberto Sánchez va más allá: como diputado del distrito 7 en esa demarcación, contenderá por un sitio en la Cámara de Diputados y pretende que su lugar en la ALDF sea ocupado por su sobrino, Miguel Ángel Morales Norberto, quien tomará parte en la contienda de este domingo.
En Álvaro Obregón, el delegado con licencia, Leonel Luna Estrada, va en mancuerna con su cuñada, Leticia Robles Colín. El primero quiere llegar al recinto de Donceles y Allende, y la segunda, al de San Lázaro.
Valentina Batres Guadarrama, actual diputada federal y ex líder del PRD en Álvaro Obregón, va ahora tras la candidatura del distrito 1, en GAM, que de ganar le garantizará un asiento en la ALDF. Ella es hermana del secretario de Desarrollo Social del DF y cabeza de la corriente Izquierda Social, Martí Batres.
Víctor Hugo Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, tiene en su prima María Natividad Patricia Razo Vázquez a una contendiente por el distrito 32 local.
Dentro de esa misma línea de parentescos, y en cuanto a las esposas, está la precandidata a delegada de Iztapalapa, Silvia Oliva, cónyuge del senador y líder de la corriente Nueva Izquierda René Arce. Ella ha sido legisladora en el ámbito local y federal en los años recientes.
Otro caso es el del ex delegado de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, quien fuera de la justa perredista, debido al caso de la discoteca News Divine, apoya a su esposa, Beatriz Rojas, para que gane la candidatura por el distrito VI local en esa demarcación.
Por lo que hace al diputado Isaías Villa, quien luego de un acuerdo político dejó la precandidatura a jefe delegacional, apoyará también la postulación de su esposa, Rocío Sánchez –ex diputada federal– para que llegue a la Asamblea Legislativa.
Enrique Vargas Anaya, diputado por Azcapotzalco, aspira a ganar este domingo la candidatura para delegado de esa jurisdicción. Tanto él como su esposa, Laura Velázquez, actual secretaria de Desarrollo Económico, forman parte de la corriente Izquierda Democrática Nacional.
Asunto de sangre
Los hermanos María Elena y Édgar Torres Baltazar están también en esa justa del PRD. La primera con la intención de dejar el recinto de San Lázaro y pasar al de Donceles y Allende, mientras que el segundo quiere brincar de la ALDF a la candidatura para delegado de Gustavo A. Madero.
En Iztapalapa, Karen Quiroga Anguiano requiere ganar el distrito 19 para ocupar un lugar en la ALDF. Tiene el respaldo de su tía, la ex diputada local y funcionaria del GDF Dione Anguiano, esposa de Alfredo Hernández Raigosa, también ex legislador y parte del Gobierno del DF.
Un caso más es el del diputado Efraín Morales, quien apoya a su hijo Carlos Augusto Morales para una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien tiene ya experiencia en las lides políticas.
Tomado de la Jornada, 12 de marzo del 2009
multas, perdones y salarios
Tomado de la columna Astillero, de Julio Hernández, La Jornada.
12 de marzo del 2009
En otro asunto de dineros, el Instituto Fallido Electoral (ife, por sus siglas pigmeas) ha sufrido otro revés vergonzoso. Un beltronista había aparecido en escena en pasados días para anunciar que los capos del espacio radioeléctrico habían prometido portarse bien y por tanto ya no había necesidad de castigarlos con multas de unos cuantos millones de pesos por empaquetar anuncios y pasarlos en montón. El tribunal electoral federal, también dominado por el siempre calculador Beltrones, revocó el sobreseimiento acordado por el ife, pues un acuerdo entre los consejeros generales del mencionado instituto y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión no puede sustituir la aplicación de la ley. La pretensión de los televisores sarkozys de llevarse a su multa Cassez a la franca nadería no es procedente, dijo el tribunal electoral, pues han de determinarse violaciones punibles o absoluciones expresas, pero no arreglitos en privado. El magistrado José Alejandro Luna, quien presentó el dictamen sobre el caso, consideró incredible el criterio ejercido por los consejeros del ife que prefirieron, parafraseando al cronista taurino Pepe Alameda, la graciosa huida a la apasionada entrega.
En otra maniobra monetaria deplorable, los panistas y un diputado priísta lograron ayer que los topes para sueldos de personajes públicos se impusiera sólo a quienes sean electos, con lo que se protegieron los actuales ingresos de los ministros de la Suprema Corta y de los órganos autónomos como el ife, el instituto panista de no transparencia, la comisión nacional de derechos de Soberanes, y el banco suministrador de dólares de México, por ejemplo. Además, los caritativos legisladores pretenden que las pulgas ahorradoras se carguen en los ámbitos estatales y municipales y no en los federales.
12 de marzo del 2009
En otro asunto de dineros, el Instituto Fallido Electoral (ife, por sus siglas pigmeas) ha sufrido otro revés vergonzoso. Un beltronista había aparecido en escena en pasados días para anunciar que los capos del espacio radioeléctrico habían prometido portarse bien y por tanto ya no había necesidad de castigarlos con multas de unos cuantos millones de pesos por empaquetar anuncios y pasarlos en montón. El tribunal electoral federal, también dominado por el siempre calculador Beltrones, revocó el sobreseimiento acordado por el ife, pues un acuerdo entre los consejeros generales del mencionado instituto y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión no puede sustituir la aplicación de la ley. La pretensión de los televisores sarkozys de llevarse a su multa Cassez a la franca nadería no es procedente, dijo el tribunal electoral, pues han de determinarse violaciones punibles o absoluciones expresas, pero no arreglitos en privado. El magistrado José Alejandro Luna, quien presentó el dictamen sobre el caso, consideró incredible el criterio ejercido por los consejeros del ife que prefirieron, parafraseando al cronista taurino Pepe Alameda, la graciosa huida a la apasionada entrega.
En otra maniobra monetaria deplorable, los panistas y un diputado priísta lograron ayer que los topes para sueldos de personajes públicos se impusiera sólo a quienes sean electos, con lo que se protegieron los actuales ingresos de los ministros de la Suprema Corta y de los órganos autónomos como el ife, el instituto panista de no transparencia, la comisión nacional de derechos de Soberanes, y el banco suministrador de dólares de México, por ejemplo. Además, los caritativos legisladores pretenden que las pulgas ahorradoras se carguen en los ámbitos estatales y municipales y no en los federales.
miércoles, 11 de marzo de 2009
Diputados recaban datos sobre el caso Jacinta, la visitan en el penal de San José del Alto, Querétaro, a la mujer indígena condenada a 21 años
Iván Quecha Reyna
El Universal
Ciudad de México Miércoles 11 de marzo de 2009
10:06
Diputados federales, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, realizaron una visita a la señora Jacinta Francisco Marcial, sentenciada a 21 años de prisión por el delito de secuestro a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
José Rosario, coordinador del Área de Comunicación y Análisis del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, informó que los legisladores se encuentran en el penal de San José del Alto, Querétaro, donde permanece recluida la señora Marcial, junto con personal del centro para recabar información sobre el asunto.
La señora Marcial es una indígena otomí que vivía en Santiago Mexquitlán y que fue arrestada el 3 de agosto de 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, proceso por el cual se le condenó a 21 años de prisión y dos mil días de salario mínimo de multa.
Sus defensores señalan que la acusación es un "desquite" en contra del pueblo, pues el 26 de marzo de aquel año, agentes de la corporación sin identificación y sin uniforme llegaron a la plaza central de la comunidad, y despojaron a comerciantes de su mercancía, alegando que se trataba de piratería.
Los afectados protestaron y la tensión hizo que el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río acudieran a para dialogar con la gente, y se comprometieron a pagar el daño ocasionado por sus agentes. Uno de los policías se quedó como "garantía", pues las autoridades dijeron que tenían que trasladarse a San Juan del Río para conseguir el pago.
El incidente terminó por la tarde de aquel día, pero fue el hecho por lo que se acusó y sentenció a la señora Marcial.
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