Las investigaciones del Secretario de Gobernación

Julio Hernández, La Jornada, 27 de marzo del 2009
Los gringos se meten hasta la cocina en México e intervienen en el diseño de la política interna mediante declaraciones como las que en un par de días repartió alegremente la secretaria Clinton y como las que un día hacen y otro deshacen algunos funcionarios de la administración Obama, pero el encargado de la secretaría de gobernación, Fernando Gómez Mont, monta en patriotera investigación contra Manu Chao, el cantante que, de visita en México, ha dicho que en San Salvador Atenco hubo "terrorismo de Estado".

Ya José María Aznar vino, durante el foxismo, a exhortar a los mexicanos a votar por Felipe Calderón, y el español –ahora naturalizado mexicano– Antonio Solá dividió a los mexicanos con su frase propagandística de que López Obrador era un peligro para México, pero nada de ello resultó punible –al ex presidente español le enviaron una carta de reconvención a la embajada de España en México, cuando él ya se había ido del país– sino premiable por la derecha mexicana tuerta que nomás ve una cara de las cosas.

Manu Chao ha dicho, por lo demás, lo mismo que cualquier ciudadano que con claridad y objetividad se asome a lo sucedido en aquella población del estado de México a finales del foxismo. Hubo terrorismo de Estado y ha habido complicidad de funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo para mantener en la impunidad a los altos responsables de aquella represión, como serían el propio Vicente Fox, su secretario de gobernación al que algunos pretenden encaminar a los altares, Carlos Abascal, el gobernador engominado de la entidad con capital en Toluca, Enrique Peña Nieto, y funcionarios policiales de la entidad como el almirante Wilfrido Robledo (¿también habrá solicitud de aplicación del artículo 33 constitucional a Peter Gabriel, que junto a otros artistas exigirá justicia en el caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez?)

La barbarie mexicana, que ha sido condenada en muchos otros países, también se muestra en los escarceos judiciales con los que la Suprema, Corta de Justicia, pretende acercarse al caso Oaxaca. Mediante un informe de magistrados, y un dictamen que a partir de él redactará el ministro Mariano Azuela, el Poder Judicial federal tratará de torear el fondo del asunto, es decir, si hubo violaciones graves a los derechos humanos y responsabilidad de altos funcionarios. Tal como ha quedado plenamente comprobado, en los años de la represión desatada por Ulises Ruiz hubo allanamientos de morada, privación ilegal de la libertad, torturas, golpizas, asesinatos y acciones concertadas de policías y militares que cual brigadas de la muerte actuaron contra dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APPO. Pero esa realidad palmaria, demostrada, evidente, no es sino pretexto para que los jurisperitos federales ensayen formas de evasión y entre palabrería legaloide escurran el bulto.