jueves, 30 de abril de 2009

Así funciona

Comprados o amenazados 62% de los funcionarios municipales del país
Las alcaldías más afectadas son las de la frontera con EU
Alfredo Méndez

Los cárteles de la droga, bandas de secuestradores y otro tipo de organizaciones delictivas que operan en México tienen vínculos con funcionarios locales en alrededor de 62 por ciento de los 2 mil 438 municipios que hay en el país, ya que mantienen amedrentados o han logrado cooptar desde comandantes policiacos, jefes de la policía municipal y secretarios de Seguridad Pública hasta alcaldes de algún ayuntamiento, según consta en estimaciones hechas por autoridades gubernamentales.

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Estos informes de inteligencia a los que ayer tuvo acceso La Jornada fueron elaborados en los pasados cuatro meses por autoridades civiles y militares, mediante datos aportados por dependencias del gobierno federal y por diversas procuradurías y secretarías de Seguridad Pública estatales.

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Las sumas que reciben mensualmente los funcionarios locales que han logrado ser cooptados van de los 5 mil hasta 70 mil pesos, cantidad que depende del rango, el sector o la zona en que cada uno labora.

Los grupos criminales que más penetración han tenido en las esferas de poder municipales son el cártel del Golfo por medio de Los Zetas; el de Sinaloa o del Pacífico, La Familia Michoacana y el cártel de Juárez.

La prestigiosa Economist Intelligence United (EIU) citó una declaración del alcalde Sergio Arredondo Olvera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), en un reporte titulado “El narco contra alcaldes”, publicado el martes pasado por este diario.

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En suma, las estimaciones de inteligencia gubernamental consideran que “el índice de corrupción ligada al crimen organizado de agentes policiacos, comandantes municipales, secretarios de Seguridad Pública (locales), y de algunos alcaldes de los 2 mil 438 municipios existentes en el país, es de mil 505 ayuntamientos (…) Se logró documentar que en ese número de municipios se tiene algún tipo de vínculo entre funcionarios y las diversas bandas delictivas que operan en el país”.

La Jornada, 30 de abril del 2009

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